Franklin Nieves negó que se hubiera llevado a Estados Unidos documentación del proceso penal contra Leopoldo López, aunque admitió que dejó “algo” a buen resguardo en Venezuela e información en un pendrive.
En su maleta también metió el oficio en el que consta que fue relevado de llevar la investigación contra María Corina Machado, después de solicitar su prohibición de salida del país. Luego de una llamada telefónica de su jefe Nelson Mejías, director de Delitos Comunes de la Fiscalía, fue descargado del caso que luego asignaron a Katherine Harrington.
También llevó consigo pruebas de la supuesta actuación fraudulenta de los cuerpos de seguridad y de los operadores judiciales sobre la presunta presencia de paramilitares colombianos en Venezuela con el propósito de asesinar al presidente Nicolás Maduro.
Nieves dirigió la investigación que realizó el Sebin, la cual incluyó allanamientos y detenciones en cuatro fincas: La Pantaleta, Fundo San Benito y La Leonera, en el municipio Sosa de Barinas, así como La Bonanza, en Portuguesa.
El 10 de junio de 2013, el entonces ministro de Relaciones Interiores, Miguel Rodríguez Torres, aseguró que el líder de los presuntos paramilitares era José María Barrera Ortiz, alias “Chepe Barrera”, un ex integrante de las Autodefensas Unidas de Colombia que se acogió a los planes de desmovilización y posteriormente formó parte del liderazgo de Los Rastrojos, una de las bandas criminales más extendidas en la frontera colombo-venezolana.
“Todo eso de los paramilitares contratados para asesinar al presidente Maduro fue un invento. La intención de los funcionarios –del Sebin– era que solicitáramos la incautación de las fincas, para poder apoderarse del ganado y de la maquinaria. A una de las fincas llegaron con una persona vestida de civil y dijeron que era yo, el fiscal Franklin Nieves. Se llevaron las reses para un matadero y se apoderaron de todo el dinero que produjo la venta de esa carne y de ese cuero. Las maquinarias se las llevaron para las fincas de ellos, porque ellos tienen fincas allá. 1.247 cabezas de ganado se llevaron en esa oportunidad”, dijo el ex fiscal 41 del Ministerio Público.
Nieves responsabilizó directamente de tal apropiación indebida a los comisarios del Sebin-Barinas Otto Padrón y José Superlano y al inspector Leonardo Silva, también adscrito al Sebin-Barinas.
“El primero de julio de este año yo denuncié los hechos ante Joel Espinoza, director de Actuación Procesal de la Fiscalía. Él me dijo: ‘Bueno, ahí no se puede hacer nada”. En cuanto a la finca La Bonanza, en Guanare, Nieves aseguró que el que se benefició de la incautación fraudulenta fue el vicealmirante José Aguilera Contreras, presidente de Agrofanb, una empresa agropecuaria de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana: “Él también se llevó un poco de ganado y, luego de las presiones que ejerció con la fiscal general, Luisa Ortega, le entregaron la finca y toda la maquinaria”.
Los colombianos José María Barreras, Néstor Durán Gómez e Iván José Rivero Díaz, quienes figuraban como propietarios de las fincas, fueron imputados de los delitos de legitimación de capitales, asociación y actividades sospechosas. Nieves asegura que son inocentes y supone que las autoridades estadounidenses pudieran estar interesadas en el supuesto fraude que describe, a propósito de las reiteradas denuncias de magnicidio que hace el gobierno.
El Nacional
Nieves dirigió la investigación que realizó el Sebin, la cual incluyó allanamientos y detenciones en cuatro fincas: La Pantaleta, Fundo San Benito y La Leonera, en el municipio Sosa de Barinas, así como La Bonanza, en Portuguesa.
El 10 de junio de 2013, el entonces ministro de Relaciones Interiores, Miguel Rodríguez Torres, aseguró que el líder de los presuntos paramilitares era José María Barrera Ortiz, alias “Chepe Barrera”, un ex integrante de las Autodefensas Unidas de Colombia que se acogió a los planes de desmovilización y posteriormente formó parte del liderazgo de Los Rastrojos, una de las bandas criminales más extendidas en la frontera colombo-venezolana.
“Todo eso de los paramilitares contratados para asesinar al presidente Maduro fue un invento. La intención de los funcionarios –del Sebin– era que solicitáramos la incautación de las fincas, para poder apoderarse del ganado y de la maquinaria. A una de las fincas llegaron con una persona vestida de civil y dijeron que era yo, el fiscal Franklin Nieves. Se llevaron las reses para un matadero y se apoderaron de todo el dinero que produjo la venta de esa carne y de ese cuero. Las maquinarias se las llevaron para las fincas de ellos, porque ellos tienen fincas allá. 1.247 cabezas de ganado se llevaron en esa oportunidad”, dijo el ex fiscal 41 del Ministerio Público.
Nieves responsabilizó directamente de tal apropiación indebida a los comisarios del Sebin-Barinas Otto Padrón y José Superlano y al inspector Leonardo Silva, también adscrito al Sebin-Barinas.
“El primero de julio de este año yo denuncié los hechos ante Joel Espinoza, director de Actuación Procesal de la Fiscalía. Él me dijo: ‘Bueno, ahí no se puede hacer nada”. En cuanto a la finca La Bonanza, en Guanare, Nieves aseguró que el que se benefició de la incautación fraudulenta fue el vicealmirante José Aguilera Contreras, presidente de Agrofanb, una empresa agropecuaria de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana: “Él también se llevó un poco de ganado y, luego de las presiones que ejerció con la fiscal general, Luisa Ortega, le entregaron la finca y toda la maquinaria”.
Los colombianos José María Barreras, Néstor Durán Gómez e Iván José Rivero Díaz, quienes figuraban como propietarios de las fincas, fueron imputados de los delitos de legitimación de capitales, asociación y actividades sospechosas. Nieves asegura que son inocentes y supone que las autoridades estadounidenses pudieran estar interesadas en el supuesto fraude que describe, a propósito de las reiteradas denuncias de magnicidio que hace el gobierno.
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