En su recomendación, dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la Procuraduría General de la República (PGR), y al gobierno del estado de Nuevo León, el organismo señala que al investigar el caso se acreditaron violaciones a los derechos humanos, a la legalidad y a la seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal, al trato digno y a la información.
La madrugada del viernes 19 de marzo se registró una balacera en los alrededores del campus universitario de Monterrey. Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, ambos con beca de excelencia, murieron durante un enfrentamiento entre soldados y presuntos criminales.
En un comunicado, la CNDH detalla que “se quebrantaron los derechos al acceso a la justicia y al honor por actos consistentes en el uso arbitrario de la fuerza pública, tratos crueles e inhumanos, alteración de la escena, de los hechos e imputaciones, así como el ejercicio indebido de la función pública”.
Aclara que no cuenta con elementos para identificar a los responsables directos por la muerte de los dos civiles, pero las evidencias revelan que “el uso arbitrario de la fuerza pública por parte de la Unidad ‘Néctar Urbano 4’, perteneciente a la Sedena, omitió proteger la integridad física de las personas que se encontraban en el lugar del enfrentamiento”.
La CNDH pide que se reconozca las víctimas como tales, que se indemnice a sus familiares, “con motivo de la responsabilidad institucional en que incurrieron sus servidores públicos”, y en caso de ser necesario se atienda a los deudos física y psicológicamente durante el tiempo que sea necesario.
La comisión solicita a la PGR que realice las investigaciones para aclarar lo ocurrido, mientras que al gobierno de Nuevo León le pide que instruya a su procuraduría que integre “de forma completa, objetiva e imparcial, las actas y averiguaciones previas iniciadas por hechos como los del presente caso”.
Finalmente, insiste en que se instruya al personal militar “para que se abstengan de manipular u ordenar que se alteren las escenas de los hechos y/o se tergiverse la verdad histórica y jurídica de los mismos”.
En abril pasado, la CNDH emitió otra recomendación a la Sedena por la muerte de los menores Brayan y Martin Almanza Salazar en Tamaulipas. Entonces recalcó que la escena del crimen había sido alterada intencionalmente por los soldados, versión que fue rechazada por el gobierno.
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