La Corte Constitucional falló este martes una demanda de inconstitucionalidad en contra del acuerdo entre Colombia y Estados Unidos que contemplaba la presencia de personal uniformado estadounidense en siete bases militares en Colombia. Semana.com conoció que el alto tribunal acaba de decidir que le devuelve el tratado al presidente de la República, Juan Manuel Santos, para que este le dé el correspondiente trámite en el Congreso.
Mientras su paso por el Legislativo se cumple, el acuerdo militar quedará sin vigencia, contrario a lo que se había planteado antes de darle un plazo de un año para que el convenio fuera analizado por el Congreso.
El acuerdo entre Colombia y Estados Unidos contemplaba que personal estadounidense se instalara en las bases de Malambo, Atlántico; Palanquero, en el Magdalena Medio; Apiay, en el Meta; las bases navales de Cartagena y el Pacífico; el centro de entrenamiento de Tolemaida y la base del Ejército de Larandia, en el Caquetá.
Desde el año pasado, tanto funcionarios del gobierno del ex presidente Uribe como el hoy presidente Juan Manuel Santos, explicaron que el convenio no significaba la creación de bases militares estadounidenses como tal, y que las bases de Malambo, Palanquero y Apiay seguirían en manos colombianas sin restricciones, y los norteamericanos tendrían que solicitar el visto bueno de los oficiales nacionales para las misiones que desde allí se proyectaran.
Además, el gobierno mandó el mensaje tranquilizador de que no se incrementaría la presencia de efectivos gringos y se mantendrían máximo 800 militares y 600 contratistas.
En medio de la polémica que generó el anuncio del acuerdo, algunos analistas cuestionaron la posibilidad de que desde Palanquero, que es el corazón de todo el acuerdo, empiecen a operar aviones C-17, que son para transporte de logística y tropa, funciones más ligadas al combate que a la interdicción.
En teoría, con el acuerdo Colombia obtenía más recursos, tecnología y asesoramiento para operaciones contra el narcotráfico y los grupos armados para hacer trabajos de inteligencia en tiempo real, como la que facilitó la Operación ‘Jaque’ para liberar a 15 secuestrados por las Farc, entre ellos a Íngrid Betancourt.
Además, se esperaba que lo que Estados Unidos invirtiera en infraestructura se quedaría en el país. Sólo para Palanquero ya habían sido aprobados 42 millones de dólares.
La demanda de inconstitucionalidad fue instaurada por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. El abogado Alirio Uribe, de esta ONG, dijo en su momento que ese acuerdo “tenía reserva legal”, es decir, que solamente se podía hacer mediante una ley del Congreso y pasándolo por la Corte Constitucional.
Otro de los argumentos del abogado era que la iniciativa no tenía reciprocidad con Colombia, ya que se debe entregar la soberanía y no se recibe nada a cambio.
El mismo Consejo de Estado, en octubre de 2009, había emitido un concepto que sugería la necesidad del cumplimiento de que este acuerdo pasara primero por el Congreso, ya que no es la continuidad del que venía antes, sino un nuevo pacto. Según ese concepto, aunque el acuerdo “no plantea el tránsito de tropas hacia otro país, contempla la presencia de personal militar extranjero, lo mismo que de buques y aeronaves de guerra, algo que debe ser aprobado por una ley del Congreso”.
El polémico convenio ha sido criticado por varios países de Latinoamérica. De hecho fue el detonante de la crisis diplomática entre Colombia y Venezuela que llevó a la primera ruptura de relaciones en agosto del año pasado, cuando el presidente venezolano Hugo Chávez decidió retirar su embajador y a casi todo el personal diplomático de Bogotá, por considerar una amenaza para su seguridad la actividad de militares estadounidenses en Colombia.
La iniciativa, que según el Gobierno colombiano es complementaria de un acuerdo bilateral militar vigente desde 1974, permite a soldados y asesores estadounidenses acceder y utilizar al menos siete bases militares en el país.
Fuente: Semana.com
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