Funcionarios policiales dicen que un carnicero de una región fronteriza que tenía un faro fundido en su camión podría ayudar a arrojar luz sobre la magnitud de la participación de los militares venezolanos en el tráfico de cocaína.
Las autoridades policiales señalan que el colombiano era un conducto de bajo nivel, pero crucial, entre narcotraficantes de varias naciones y miembros de las fuerzas armadas de Venezuela en la agreste región occidental de ese país, el estado de Apure, donde según Washington hay cientos de pistas de aterrizaje clandestinas.
En su primera presentación ante la corte en Estados Unidos, Viáfara Mina se declaró inocente de los cargos de importar más de 5 kilos de cocaína a territorio estadounidense. Un funcionario de la Administración de Control de Drogas argumentó en una declaración jurada que respalda la acusación formal que Viáfara Mina ayudó a organizar numerosos vuelos con narcóticos, algunos incluso hasta con 1,6 toneladas de cocaína, desde 2010.
En llamadas telefónicas y mensajes de texto interceptados, se puede escuchar a Viáfara Mina presuntamente negociando la venta ilegal de códigos de transpondedor que normalmente son asignados por las autoridades venezolanas a vuelos autorizados, de acuerdo con la declaración jurada que aún no se ha hecho pública, de la cual The Associated Press obtuvo una copia. Dice que también se le escucha fanfarroneando sobre "contactos políticos de alto nivel" de los cuales no proporciona su nombre y que pueden asegurar el paso seguro de los vuelos con drogas, así como los esfuerzos para obtener la liberación de un avión incautado por las fuerzas armadas nueve días antes.
Un testigo, de acuerdo con la declaración jurada, también lo vio ayudar a cargar 750 kilogramos (1.650 libras) de cocaína a un vuelo con rumbo a Honduras mientras guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia permanecían de guardia.
Los investigadores argumentan que Viáfara Mina cobraba al menos 100.000 dólares por vuelo, cuyas ganancias eran pagadas en forma de sobornos más arriba en la cadena de mando de forma que oficiales militares no enviaran cazas si sospechaban que había drogas a bordo.
Autoridades policiales estadounidenses y fiscales, así como abogados de Viáfara Mina, declinaron hacer comentarios al respecto cuando los contactó la AP.
Nacido en Colombia, Viáfara Mina era propietario de una carnicería en Apure, una región escasamente poblada de planicies calurosas donde es posible construir una pista de aterrizaje en cuestión de horas.
Fiscales brasileños lo acusaron formalmente en 2003 de cargos de intentar contrabandear cocaína colombiana a África, pero posteriormente los cargos fueron sobreseídos porque la evidencia fue recabada en forma ilegal.
Autoridades estadounidenses y colombianas lo habían estado rastreando al menos durante dos años, pero parece que lo que lo finalmente lo hundió fue la crisis económica de Venezuela, que ha generado escasez de productos de todo tipo. Los investigadores lo capturaron cuando cruzó la frontera rumbo a la población colombiana de Puerto Carreño con el fin de recoger un faro de repuesto para su camión, dijo un funcionario colombiano asignado al caso que, al igual que otros entrevistados, accedió a hablar al respecto a condición de mantenerse en el anonimato porque no está autorizado a declarar sobre la investigación en curso.
El gobierno estadounidense cree que cada año pasan por Venezuela más de 200 toneladas de cocaína, en torno a un tercio de la producción estimada de Colombia. Se cree que gran parte pasa por Apure.
Estados Unidos ha aumentado de forma progresiva la presión sobre altos cargos del ejército, la policía y el gobierno venezolanos por su papel en convertir el país en una importante zona de tránsito para narcóticos con destino a Estados Unidos y Europa.
Pero si bien varios funcionarios venezolanos, incluyendo un exministro de Defensa y responsable de inteligencia militar, han sido acusados o sancionados en Estados Unidos y muchos más están bajo investigación, buena parte de las pruebas siguen sin publicarse conforme los fiscales preparan sus casos.
Las autoridades venezolanas han rechazado de plano las acusaciones de que el país se ha convertido en un refugio para el tráfico de drogas. Caracas afirma que bandas criminales profesionales de Colombia corrompen a funcionarios venezolanos y extienden la violencia al otro lado de la frontera, y alega que las investigaciones dirigidas por Estados Unidos contra altos cargos son un intento de desestabilizar el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que tiene una dura posición contra Washington.
Además, el gobierno de Venezuela señala con orgullo a su incautación récord el año pasado de 46 toneladas de drogas ilegales, así como a la interrupción de más de 100 supuestos vuelos de drogas en los últimos años.
AP
Publicar un comentario