La legislación a la que ha dado luz verde el Parlamento prevé una multa de hasta 150 euros para las mujeres que vistan la prenda en el espacio público (unas 1.900 lo hacen en la actualidad, según las estimaciones oficiales). En el caso de quienes impongan su uso, el texto es mucho más severo: prevé hasta un año de cárcel y 30.000 euros de multa.
"El velo integral disuelve la identidad de una persona en la de una comunidad, expresa la voluntad de poner en marcha una visión comunitarista de la sociedad", ha señalado la ministra de Justicia, Michèle Alliot-Marie, al inicio del debate en el Senado. "Vivir juntos supone la aceptación de la mirada de otro, no es simplemente una cuestión de seguridad o de religión", ha añadido.
El Consejo de Estado, órgano consultivo, ya había manifestado sus dudas en cuanto a la constitucionalidad del texto por aplicar el veto a todo el espacio público y recomendaba que la prohibición se limitara a los edificios públicos sin extenderse a la calle, una postura compartida por el Partido Socialista. El texto no hace referencia explícita al "velo integral", sino que prohíbe el uso de una prenda que "disimule el rostro en el espacio público".
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