La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró con lugar la demanda de protección de derechos e intereses colectivos difusos interpuesta por la Defensoría del Pueblo (DdP), en contra de las empresas importadoras de las prótesis mamarias Poly Implant Prothese (PIP), el pasado 3 de mayo de 2012.
El director general de Servicios Jurídicos de la DdP, Larry Devoe, explicó que la medida se tomó en virtud de la amenaza que representa este caso a la vulneración del derecho a la salud y a la vida.
"La Defensoría decidió actuar ante la magnitud del problema que generó la colocación de las prótesis mamarias PIP, pues sabemos que cerca de 40.000 prótesis fueron importadas legalmente y muchas otras entraron por vías alternas", afirmó.
Sobre la sentencia del TSJ, Devoe destacó que esta decisión marca un precedente mundial en la atención del caso, que no es un problema solo de Venezuela sino del mundo entero; "colocando en responsabilidad de los actores con gran peso en la generación del problema, la solución del asunto" y obligando al sector privado a tomar medidas para garantizarles la salud a las ciudadanas afectadas.
Asimismo, indicó que al admitir la demanda de la Defensoría, el Tribunal decretó distintas medidas cautelares "muy necesarias" para hacer frente "a una circunstancia que venía ocurriendo en el sector de la medicina privada en atención a este tipo de casos".
Tambié,n subrayó la importancia de haber declarado el tema como un asunto de salud pública -en vista de que generalmente las prótesis mamarias se asocian con temas estéticos- y la relevancia del decreto de prohibición de colocar implantes mamarios marca PIP o cualquier otro implante que no sea autorizado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, hasta que se dicte la sentencia definitiva.
"Otro elemento fundamental es que obliga a las empresas comercializadoras - Galaxia Médica, Multi Industrias Médicas Multimed, farmacia Locatel, Locatel franquicia, Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica Reconstructiva, Estética y Maxilofacial y la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales-, a proceder al retiro y reemplazo programado de las prótesis que presenten fallas, además de aquellos casos de emergencia, cuando haya rotura o filtración; sumándose a la solución que se había planteado: que fuese el Estado quien realizara el reemplazo de las prótesis", apuntó.
En este sentido, aclaró que se trata del primer paso, pues la medida cautelar dictada sobre el reemplazo gratuito de las prótesis solo abarca aquellos casos calificados como emergencia, aún no se ha tomado una decisión que ordene el reemplazo de todas las prótesis "porque ese tema solo puede ser acordado mediante una sentencia definitiva".
Por otra parte, enfatizó en que se ordena la atención de diagnóstico gratuita por parte de las clínicas privadas de todas las mujeres que tienen prótesis PIP y que se dictamina que el Ministerio de Salud cree protocolos para las personas que portan prótesis mamarias a fin de explicarles los pasos que deben seguir para su diagnóstico y posterior retiro, así como protocolos para la actuación de los médicos que las hayan colocado.
Esta acción se suma al trabajo que adelanta la Institución Nacional de Derechos Humanos para lograr la protección de los derechos e intereses colectivos difusos de la población venezolana.
Fuente: www.el-nacional.com
Yo tenía los píp y mi médico me cobro todo de nuevo dotó la hospitalización las prótesis y el anestesiologío como hago en este caso el debe de reembolsarme algo ?
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