La nueva ley, que ratificó el viernes la gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, establece que la policía debe determinar si una persona está en el país de manera legal e interrogarla si existe la sospecha de que es un inmigrante ilegal.
También establece que los inmigrantes deberán llevar consigo sus documentos de identificación todo el tiempo y convierte en un delito transportar a alguien que es inmigrante ilegal, entre otras medidas.
"Toda regulación que se centre en criminalizar el fenómeno migratorio, un fenómeno social, un fenómeno económico, y criminalizarla de esta manera abre la puerta a la intolerancia, al odio, a la discriminación, al abuso en la aplicación de la ley", dijo Calderón.
"No puede ni va a permanecer mi Gobierno indiferente cuando dichas políticas atentan contra los derechos humanos", agregó en una reunión con asociaciones de inmigrantes mexicanos en la Ciudad de México.
La mayoría de los 11 millones de personas que residen ilegalmente en Estados Unidos son de origen mexicano. En su mayor parte dejaron el país huyendo de la pobreza y arriesgando su vida a través de la inhóspita frontera de 3,200 kilómetros que comparten ambas naciones.
México ha buscado desde hace años, sin éxito, concretar un acuerdo migratorio con Estados Unidos, su principal socio comercial y con el que integra junto a Canadá el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Pero ahora Obama, que acaparó el voto hispano en las elecciones presidenciales del 2008, enfrenta una creciente presión para revisar su política inmigratoria. El mandatario se reunirá con Calderón a mediados de mayo en Washington.
Manifestantes y políticos hispanos marcharon el domingo contra la nueva ley en Arizona que ven como una violación a los derechos civiles.
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